Vamos a ver que pasa en España a partir de la reforma eléctrica de julio 2013....
Fuente: Comisión Europea.
martes, 23 de julio de 2013
lunes, 22 de julio de 2013
PARA HACERNOS ECO DE LA INSENSATEZ DEL BORRADOR SOBRE AUTOCONSUMO..........
Son momentos muy duros para España en general y para nuestro sector de las energías renovables en particular. Se está imponiendo el más absoluto cinismo y corrupción en todos los frentes, y el nuevo borrador sobre autoconsumo es sin duda un compendio de cinismo y de desvergonzada destrucción del interés general en favor del interés del oligopolio eléctrico y el de los corruptos políticos que le dan cobertura.
Hay que darnos una última oportunidad y presentar batalla. Por favor, da tu apoyo a esta petición y hazla llegar a otros:
Derecho al Autoconsumo GRATUITO y Responsable de Recursos comola Energía Solar , la Energía Eólica y el
Agua de Mar. A: Mariano Rajoy Brey, Presidente del Gobierno de España
http://www.avaaz.org/en/petition/Derecho_al_Autoconsumo_GRATUITO_y_Responsable_de_Recursos_como_la_Energia_Solar_la_Energia_Eolica_y_el_Agua_de_Mar/?kDOzNdb
Son momentos muy duros para España en general y para nuestro sector de las energías renovables en particular. Se está imponiendo el más absoluto cinismo y corrupción en todos los frentes, y el nuevo borrador sobre autoconsumo es sin duda un compendio de cinismo y de desvergonzada destrucción del interés general en favor del interés del oligopolio eléctrico y el de los corruptos políticos que le dan cobertura.
Hay que darnos una última oportunidad y presentar batalla. Por favor, da tu apoyo a esta petición y hazla llegar a otros:
Derecho al Autoconsumo GRATUITO y Responsable de Recursos como
http://www.avaaz.org/en/petition/Derecho_al_Autoconsumo_GRATUITO_y_Responsable_de_Recursos_como_la_Energia_Solar_la_Energia_Eolica_y_el_Agua_de_Mar/?kDOzNdb
jueves, 27 de junio de 2013
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La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de
Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, pondrá a disposición
de ciudadanos, empresas y administraciones locales más de 149 millones de euros
a partir de este mes y hasta finales de 2014, a través del Programa de
Subvenciones para el desarrollo energético de Andalucía (‘Andalucía A+’) y el
fondo reembolsable en materia energética.
 El autoconsumo, el vehículo eléctrico y medidas para las comunidades de vecinos, como las calderas de biomasa para calefacción o la renovación de ascensores son algunas de ellas, pasando por ayudas a la mejora energética de la iluminación y la climatización, según ha expuesto el Director General de la Agencia Andaluza de la Energía, Rafael Márquez, en una jornadas que está realizando por las diferentes provincias andaluzas para informar sobre estas ayudas. El Director General ha explicado que en un momento de dificultad para las economías de los hogares andaluces, las empresas y las administraciones locales, esta iniciativa supone un apoyo para "disminuir su factura eléctrica, favorecer su eficiencia energética y mejorar la competitividad de nuestras empresas”. Además, ha indicado que la apuesta de la Junta de Andalucía por la movilidad sostenible se sigue manteniendo con un programa aún más ambicioso, dirigido principalmente a flotas públicas y privadas y al transporte público. El "Programa de Impulso al Vehículo Eléctrico en Andalucía" va a apoyar la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos, así como la infraestructura de recarga necesaria. La tecnología eléctrica es una excelente opción en una región donde el 32% de la energía eléctrica que se consume es ya de origen renovable y teniendo en cuenta que el 80% de los desplazamientos diarios es para recorrer menos de 30 kilómetros. Actuaciones subvencionadas La inversión subvencionada para la instalación de energía solar para agua caliente en una vivienda de cuatro miembros sería hasta el 26%, consiguiendo un ahorro del 70% del gasto en butano. En el caso de comunidades de vecinos, se subvencionaría hasta el 25% de la renovación de ascensores para un edificio con 30 viviendas, consiguiendo ahorros del 47% del gasto de electricidad. Para las pymes, un restaurante que acometiese una instalación fotovoltaica para generación eléctrica de consumo propio (autoconsumo), contaría con una subvención a fondo perdido de hasta el 30% de la inversión y supondría un ahorro anual de 2.800 euros, ya que tiene un consumo permanente y elevado en horas diurnas en cámara y electrodomésticos. En el caso de los ayuntamientos, la sustitución en instalaciones municipales de alumbrado exterior por lámparas y luminarias más eficientes contaría con incentivos de hasta el 20%, consiguiendo un ahorro del 70% del gasto en electricidad. También se apoyará la movilidad sostenible mediante vehículos eléctricos, por ejemplo, para la adquisición de vehículos municipales y sus correspondientes puntos de recarga, con ayudas de hasta el 30% de la inversión, consiguiendo ahorros del 75% del gasto en gasóleo. Ahorro de energía e incentivo para el empleo Desde el inicio del Programa de Subvenciones para el desarrollo energético de Andalucía, Andalucía A+, en el año 2009 y hasta el 30 de abril de 2013, se han apoyado más de 64.000 actuaciones que han recibido una subvención de 144 millones y que han propiciado una inversión inducida de más de 1.000 millones de euros.  En las presentaciones celebradas, la Delegada Territorial en Almería de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Adriana Valverde, manifestó que, desde el año 2009 hasta el día de hoy en la provincia de Almería, a través del programa de subvenciones en materia energética, se han concedido ayudas para más de 5.500 proyectos, que han movilizado una inversión de más de 46 millones de euros, con una subvención global de 11,8 millones de euros, y han permitido un ahorro de energía de 58.658 toneladas equivalentes de petróleo. Por su parte, el Delegado Territorial del ramo en Huelva, Eduardo Manuel Muñoz, explicó que, desde 2009, este programa ha destinado 14 millones de euros para casi 4.000 proyectos que han movilizado una inversión de más de 74 millones. Según valoró, estos incentivos han contribuido a la creación y el sostenimiento de más de 2.100 empleos vinculados a las energías renovables en la provincia. En las próximas semanas, la Agencia Andaluza de la Energía desarrollará medidas conjuntamente con las industrias consumidoras de energía de los sectores agroindustrial, piedra, oleícola, químico y turístico entre otros, donde existe un gran potencial de ahorro energético y de introducción de energías renovables. | ||||
Enlaces externos: www.agenciaandaluzadelaenergia.es |
martes, 18 de junio de 2013
Competencia sin competidores
El 5 de junio se ha publicado en el BOE el texto
aprobado de la Ley 3/2013 de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia (CNMC). Dentro de cuatro meses sus diez
miembros serán nombrados por real decreto del Gobierno a propuesta del Ministro
de Economía y desaparecerán ocho organismos reguladores, entre ellos los de la
energía (CNE) y la competencia (CNC). El poder ejecutivo ha capturado todos los
organismos reguladores independientes de la economía y la competencia de los
mercados energéticos se diluye en la única voluntad del Ministro de Industria.
La explicación oficial es el ahorro de costes pero la principal novedad está en
las disposiciones adicionales que asignan a los ministerios las funciones que
hasta ahora asumían los actuales organismos reguladores.
La disposición adicional octava determina las
funciones que asume el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en materia de
energía, entre ellas la inspección de las instalaciones, su disponibilidad,
facturación, condiciones de venta a los consumidores y calidad del servicio;
acordar la iniciación e instrucción de expedientes sancionadores; tramitar las
reclamaciones planteadas por los consumidores y realizar la liquidación de los
costes de transporte y distribución de energía y de los costes permanentes del
sistema.
La disposición adicional novena establece que el
Ministerio de Industria conocerá la toma de participaciones y adquisición de
activos en el sector energético y será el Ministro de Industria, Energía y
Turismo quien podrá imponer las condiciones y obligaciones a las sociedades que
participen en estas operaciones y supervisar su cumplimiento sin que los
informes de la CNMC sean vinculantes.
En la disposición adicional decimoquinta se crea
el Consejo Consultivo de Energía como órgano de participación y consulta del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo y no de la propia CNMC.
Es evidente que se desactiva así el control de
los organismos reguladores independientes que vigilaban hasta ahora la
competencia de los mercados energéticos y será el poder ejecutivo el único que
dictará y supervisará las normas de la competencia. Es un modelo de competencia
sin competidores que permite que los mercados sigan cerrados y controlados por
los oligopolios actuales.
El modelo energético se consolidará así como un
modelo cerrado a la competencia y entrada de nuevos actores, lo cual perjudicará
en primer lugar a los consumidores que, sin libertad para elegir, seguirán
pagando el modelo más caro y contaminante de los combustibles fósiles. Supone
una barrera definitiva a la innovación y a las nuevas tecnologías renovables y
de ahorro energético y la continuidad de la falta de transparencia en el
funcionamiento del sistema energético. La pérdida de la independencia
regulatoria y la concentración de funciones en el Ministerio de Industria
convierten a éste en juez y parte. Esta ley lo único que asegura es el
inmovilismo de la política energética, por lo que no es difícil aventurar que
los problemas seguirán creciendo por una ley que tampoco va ayudar a la
reactivación económica.
Vía: Javier García Breva
Las renovables podrían bajar el precio de la luz pero el sistema actual no lo permite
Cada vez falta menos para conocer los términos de la reforma energética que
prepara el Gobierno –se cree que podría ir a Consejo de Ministros el viernes 21
de junio– y aunque todo parece indicar que ya está escrita, las asociaciones de
renovables han recordado que su propuesta de que las primas no se incluyan en
los peajes de acceso de la factura eléctrica bajaría el precio de la
luz.
Las asociaciones de energías renovables han propuesto que las primas a la
generación renovable “se consideren como lo que son, retribución por la
producción de energía, y, por lo tanto, se incluyan en el término de energía de
la factura eléctrica, tal y como ocurre en países de nuestro entorno, como
Alemania o Italia”. En la actualidad, las primas se incluyen entre los llamados
peajes de acceso, “causando un sobrecoste innecesario a los consumidores
domésticos”.
Las tecnologías del régimen especial –renovables y cogeneración– perciben una tarifa fija por su producción eléctrica. Su ‘prima equivalente’ es el resultado de la diferencia entre dicha tarifa y el precio del mercado eléctrico o pool. Por lo tanto, las primas tienen una relación directa e inversa con el precio del pool: a mayor precio, menores primas y viceversa.
Como sucede con otros pagos por la producción eléctrica –las ayudas al carbón, en virtud de las restricciones técnicas por garantía de suministro–, las primas deberían incluirse en el término de energía de la factura eléctrica, liberalizado desde el año 2008.
No obstante, las primas se incluyen en el tramo regulado de la factura eléctrica, entre los llamados peajes de acceso, que sólo deberían incluir costes estructurales del sistema eléctrico, como las redes.
Perjuicio para los consumidores domésticos
Esta distribución perjudica claramente a los más de 17 millones de consumidores –hogares y pymes– acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR). De acuerdo con la orden de mérito del pool, las renovables ofertan su energía a precio cero, con lo que reducen el precio de casación final. Durante el primer trimestre de este año ha habido una gran penetración de renovables y el abaratamiento ha sido superior a los 1.400 millones de euros.
Gracias a ese abaratamiento, la Comisión Nacional de Energía (CNE) calcula que, en el cómputo anual, el precio medio del pool se situará en 45,13 €/MWh, frente a los 51,19 €/MWh previstos en la Orden de Tarifas, es decir, 6,06 €/MWh más bajo.
También de acuerdo con la CNE, cada €/MWh que suba o baje el precio del pool produce un desvío de 100 millones de euros en la prima equivalente del régimen especial en términos anuales. De este modo, a menos que suba el precio de la electricidad en lo que resta de año, las renovables cobrarán lo mismo –la tarifa fija que tengan asignada–, pero la prima equivalente aumentará en 600 millones por la indicada relación inversa entre el precio del pool y las primas.
De acuerdo con el comentado reparto de partidas de la tarifa eléctrica, los 1.400 millones que las renovables han bajado el precio del pool durante el primer trimestre afectarán al término de energía, mientras que los 600 millones extra de prima equivalente se asignarán a los peajes de acceso.
Ahora bien, el término de energía de la TUR no se fija de acuerdo con los precios del pool, sino con el resultado de las trimestrales subastas Cesur, sensiblemente más elevado que aquel. La Cesur de diciembre, válida para el primer trimestre, arrojó un precio de 54,18 €/MWh, mientras que el pool estuvo a 50,5 €/MWh en enero, a 45,04 €/MWh en febrero y a 25,92 €/MWh en marzo. La última Cesur, celebrada en marzo y válida para el segundo trimestre, estableció un precio de 45,41 €/MWh, mientras que ese mes el precio del pool estuvo en 18,17 €/MWh.
Es decir, los consumidores acogidos a la TUR no se benefician de la bajada de precios que causan las renovables –su término de energía no toma como referencia el pool–, pero se ven claramente perjudicados porque deben pagar en los peajes el incremento de las primas equivalentes que resulta de los bajos precios del pool.
Esta injusta situación se ha agravado con la promulgación del Real Decreto-Ley 2/2013, al eliminar la opción de retribución de pool + prima y empujar a todas las tecnologías del régimen especial a la opción de cobrar únicamente una tarifa.
Cuota renovable en cada kWh
El paso de las primas al término de energía que reclaman las asociaciones de renovables evitaría esta situación, porque la bajada del pool compensaría directamente el aumento de la prima equivalente, aportando una mayor coherencia al sistema.
Con la propuesta de las asociaciones, una parte del precio de cada kWh consumido iría destinada a sufragar las primas. Esta ‘cuota renovable’ se decidiría al inicio de cada ejercicio, se calcularía por diferencias respecto al precio del pool y se revisaría cada trimestre. Podría incluirse dentro del coste de la energía –como ya se hace con las pérdidas o los pagos por capacidad– o, en un momento dado, como un capítulo diferenciado de la factura.
Al final de cada ejercicio se analizaría la desviación que pudiera haber surgido –al alza o a la baja– y se corregiría en el ejercicio siguiente. No obstante, la elevada previsibilidad de las renovables indica que estos desvíos no serían significativos. La liquidación se efectuaría, como el resto de los componentes del término de energía, a través de Red Eléctrica de España.
La cuota renovable, además, permitiría mantener la misma capacidad de discriminar entre los distintos tipos de consumidores, de forma que se pueda imputar la cuota según tarifa o colectivo de consumidores.
La propuesta ha sido firmada por 14 asociaciones, incluidas Anpier, APPA, ASIT, Protermosolar y UNEF.
Vía: www.energias-renovables.com
Las asociaciones de energías renovables han propuesto que las primas a la
generación renovable “se consideren como lo que son, retribución por la
producción de energía, y, por lo tanto, se incluyan en el término de energía de
la factura eléctrica, tal y como ocurre en países de nuestro entorno, como
Alemania o Italia”. En la actualidad, las primas se incluyen entre los llamados
peajes de acceso, “causando un sobrecoste innecesario a los consumidores
domésticos”.Las tecnologías del régimen especial –renovables y cogeneración– perciben una tarifa fija por su producción eléctrica. Su ‘prima equivalente’ es el resultado de la diferencia entre dicha tarifa y el precio del mercado eléctrico o pool. Por lo tanto, las primas tienen una relación directa e inversa con el precio del pool: a mayor precio, menores primas y viceversa.
Como sucede con otros pagos por la producción eléctrica –las ayudas al carbón, en virtud de las restricciones técnicas por garantía de suministro–, las primas deberían incluirse en el término de energía de la factura eléctrica, liberalizado desde el año 2008.
No obstante, las primas se incluyen en el tramo regulado de la factura eléctrica, entre los llamados peajes de acceso, que sólo deberían incluir costes estructurales del sistema eléctrico, como las redes.
Perjuicio para los consumidores domésticos
Esta distribución perjudica claramente a los más de 17 millones de consumidores –hogares y pymes– acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR). De acuerdo con la orden de mérito del pool, las renovables ofertan su energía a precio cero, con lo que reducen el precio de casación final. Durante el primer trimestre de este año ha habido una gran penetración de renovables y el abaratamiento ha sido superior a los 1.400 millones de euros.
Gracias a ese abaratamiento, la Comisión Nacional de Energía (CNE) calcula que, en el cómputo anual, el precio medio del pool se situará en 45,13 €/MWh, frente a los 51,19 €/MWh previstos en la Orden de Tarifas, es decir, 6,06 €/MWh más bajo.
También de acuerdo con la CNE, cada €/MWh que suba o baje el precio del pool produce un desvío de 100 millones de euros en la prima equivalente del régimen especial en términos anuales. De este modo, a menos que suba el precio de la electricidad en lo que resta de año, las renovables cobrarán lo mismo –la tarifa fija que tengan asignada–, pero la prima equivalente aumentará en 600 millones por la indicada relación inversa entre el precio del pool y las primas.
De acuerdo con el comentado reparto de partidas de la tarifa eléctrica, los 1.400 millones que las renovables han bajado el precio del pool durante el primer trimestre afectarán al término de energía, mientras que los 600 millones extra de prima equivalente se asignarán a los peajes de acceso.
Ahora bien, el término de energía de la TUR no se fija de acuerdo con los precios del pool, sino con el resultado de las trimestrales subastas Cesur, sensiblemente más elevado que aquel. La Cesur de diciembre, válida para el primer trimestre, arrojó un precio de 54,18 €/MWh, mientras que el pool estuvo a 50,5 €/MWh en enero, a 45,04 €/MWh en febrero y a 25,92 €/MWh en marzo. La última Cesur, celebrada en marzo y válida para el segundo trimestre, estableció un precio de 45,41 €/MWh, mientras que ese mes el precio del pool estuvo en 18,17 €/MWh.
Es decir, los consumidores acogidos a la TUR no se benefician de la bajada de precios que causan las renovables –su término de energía no toma como referencia el pool–, pero se ven claramente perjudicados porque deben pagar en los peajes el incremento de las primas equivalentes que resulta de los bajos precios del pool.
Esta injusta situación se ha agravado con la promulgación del Real Decreto-Ley 2/2013, al eliminar la opción de retribución de pool + prima y empujar a todas las tecnologías del régimen especial a la opción de cobrar únicamente una tarifa.
Cuota renovable en cada kWh
El paso de las primas al término de energía que reclaman las asociaciones de renovables evitaría esta situación, porque la bajada del pool compensaría directamente el aumento de la prima equivalente, aportando una mayor coherencia al sistema.
Con la propuesta de las asociaciones, una parte del precio de cada kWh consumido iría destinada a sufragar las primas. Esta ‘cuota renovable’ se decidiría al inicio de cada ejercicio, se calcularía por diferencias respecto al precio del pool y se revisaría cada trimestre. Podría incluirse dentro del coste de la energía –como ya se hace con las pérdidas o los pagos por capacidad– o, en un momento dado, como un capítulo diferenciado de la factura.
Al final de cada ejercicio se analizaría la desviación que pudiera haber surgido –al alza o a la baja– y se corregiría en el ejercicio siguiente. No obstante, la elevada previsibilidad de las renovables indica que estos desvíos no serían significativos. La liquidación se efectuaría, como el resto de los componentes del término de energía, a través de Red Eléctrica de España.
La cuota renovable, además, permitiría mantener la misma capacidad de discriminar entre los distintos tipos de consumidores, de forma que se pueda imputar la cuota según tarifa o colectivo de consumidores.
La propuesta ha sido firmada por 14 asociaciones, incluidas Anpier, APPA, ASIT, Protermosolar y UNEF.
Vía: www.energias-renovables.com
lunes, 17 de junio de 2013
Fotovoltaicos: ¿las preferentes del Estado?
Lo consideran una expropiación. Algunos incluso hablan de
estafa. Han invadido los tribunales españoles e internacionales en busca de lo
que consideran “justicia”. Son los inversores fotovoltaicos. Entre ellos
conviven multinacionales y fondos de inversión o de pensiones anglosajones, pero
también miles de pequeñas familias que se sienten, dicen, igual que los
afectados por las preferentes, pero con una diferencia, en este caso el
responsable no es una entidad privada concreta, sino el propio Estado.
Huerto solar
Juan José Palau es uno de los más de 55.000 nombres que invirtieron sus
ahorros en la energía fotovoltaica. Lo que se prometía un negocio redondo ha
tornado sin embargo en una trampa difícil de sortear. Palau, de 38 años y
natural de Fuente la Higuera (Valencia), es uno de los protagonistas de la
última campaña de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica
(Anpier) para denunciar cómo las decisiones del Gobierno han cambiado las reglas
del juego y han provocado que miles de familias que entraron en el negocio
fotovoltaico estén atravesando graves dificultades.
Invirtió todos sus ahorros y los de sus padres atraído por las generosas primas que la legislación española estableció en 2007 para las tecnologías renovables. Las proyecciones que hacían la mayoría de los fotovoltaicos apuntaban a unos retornos del 13-14%, muy por encima de lo que ofrecían los bonos de deuda española, los depósitos bancarios o los parqués europeos, y con unos plazos de amortización de entre 10 y 15 años (su vida útil se sitúa en unos 30 años).
Sin embargo, apenas tres años después de aprobar las ayudas, el Gobierno socialista asestó un duro hachazo al sector fotovoltaico. La crisis económica apretaba. El Real Decreto 1565/2010 obligó a realizar unas adaptaciones técnicas con un impacto de unos 120 millones y, además, se limitó la remuneración a 25 años. Mientras, el RD 14/2010 rebajó la limitación horaria en la que los paneles fotovoltaicos podían producir con prima. Ambas normas se aplicaron con retroactividad. En la práctica, esto supone una merma de hasta el 30% de los ingresos previstos en 2011, 2012 y 2013, y del 10% a partir de 2014.
En 2007 comenzó a desinflarse la burbuja inmobiliaria, pero al mismo tiempo, salvando las distancias, se hinchaba la fotovoltaica. Al calor de las primas prometidas, se construyeron más de 55.000 instalaciones en tres años. Todas las previsiones se desbordaron y nadie lo evitó. El objetivo de capacidad instalada fotovoltaica era de 370 MW hasta 2010. Aquel año, había más de 3.700 MW, es decir, diez veces más (hoy hay cerca de 4.500 MW, que han recibido alrededor de 12.000 millones en primas). Un crecimiento sustentado en tres patas casi a partes iguales: empresas (con el 40% de la potencia instalada), como T-Solar, Fotovatio o Acciona , fondos de inversión (alrededor del 30%) y particulares (30%).
Los rendimientos eran muy altos, pero también los costes asociados a la construcción de los huertos solares. En 2008, en pleno boom fotovoltaico, “1 MW (megavatio) de potencia instalada se vendía a entre 6 y 8 millones de euros”, explica un experto del sector. Hoy este precio se ha rebajado hasta “un millón de euros”. Las inversiones en el sector fotovoltaico ascienden a 28.000 millones y, de esta cantidad, aproximadamente dos terceras partes, más de 18.000 millones, están en manos de la banca.
RENTABILIDAD DEL 6%
Con los tijeretazos de 2010, a los que en los últimos meses se han sumado el establecimiento de un nuevo impuesto del 7% de la facturación (Ley 15/2012) y la no actualización de las tarifas conforme al IPC (RD-L 2/2013), la tasa de retorno de la inversión se sitúa, en el mejor de los casos, en el entorno del 6%, ligeramente por encima del bono español a 30 años (4,92%).
Las medidas aprobadas por el anterior Gobierno y por el actual “han derruido al sector fotovoltaico en España”. “Si en su punto álgido, el año 2008, llegó a emplear a tiempo completo a unas 60.000 personas, en la actualidad difícilmente alcanza las 7.000, y más de la mitad de las empresas que operaban entonces lo han abandonado o han cerrado”, señalan desde la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).
Las reglas del juego cambiaron casi al comienzo del partido. Miles de inversores recurrieron a los bancos y ahora muchos de ellos no pueden hacer frente a los préstamos. Cada vez será más habitual encontrar huertos solares en los balances de las entidades financieras. El riesgo acecha a miles de familias, que pueden perder todos sus ahorros invertidos en la fotovoltaica e, incluso, sus casas, como le sucede al protagonista de la campaña de Anpier.
Y la situación podría empeorar, porque sobre la mesa del Ministerio de Industria está un nuevo recorte de las primas a las renovables, que “supondría, por leve que éste fuera, el colapso financiero inmediato del 80% del negocio fotovoltaico español, aquel que ha requerido de financiación bancaria y que no podría reintegrar”, advierte Anpier. De esta nueva reforma el sector espera con expectación la legislación sobre autoconsumo y balance neto, que podría ser la vía para el desarrollo de la tecnología.
LUCHA CONTRA EL DÉFICIT DE TARIFA
Esta asociación alerta de que el sistema financiero “no estaría provisionando el capital suficiente para asumir las consecuencias de la previsible quiebra del sector que no puede hacer frente a sus créditos y cuyos parques en manos de la banca carecerían de valor a los pocos días, puesto que sin seguridad y mantenimiento estos parques quedarían mermados de manera irreversible”.
Los recortes sobre el sector energético, renovable o tradicional, se apoyan en la lucha para eliminar el déficit de tarifa, que se produce porque los costes del sistema son más altos que los ingresos, y que ya supera los 26.000 millones. Todas las tecnologías han tenido que aportar de una forma u otra. Sin embargo, la patronal UNEF denuncia “la desproporción existente entre el esfuerzo exigido a la fotovoltaica para acabar con el déficit de tarifa”, ya que “si se mantiene la situación actual, entre 2010 y 2020 la fotovoltaica verá mermada su retribución en más de 9.500 millones de euros, aproximadamente un 30% de los ingresos totales del sector durante este periodo”.
Fuente: UNEF
Los afectados por las medidas del Gobierno sobre la fotovoltaica se sienten estafados. Una percepción que se expande entre el resto de sectores renovables y las eléctricas. Recientemente, el consejero delegado de Abengoa, Manuel Sánchez Ortega, acusó al Ejecutivo de haber “expropiado” con sus decisiones alrededor de 5.000 millones al sector solar, en el que la empresa andaluza es líder en España.
Hay quien quiere encontrar en el sector fotovoltaico semejanzas con lo ocurrido en otros casos que han llenado las primeras páginas de los periódicos, aunque con matices. Porque, como explica un experto, “la burbuja inmobiliaria pinchó porque el mercado así lo decidió, los tenedores de participaciones preferentes fueron en muchos casos engañados por las entidades financieras, de capital privado, pero a los inversores fotovoltaicos el golpe se lo ha dado el propio Estado”.
¿CULPABLES?
¿Quién es el culpable de esta situación? Un exconsejero de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que pide no ser identificado da su opinión: “La apuesta del Gobierno de Zapatero por las renovables era buena, porque el mundo va hacia estas tecnologías. El problema fue que, como con tantas cosas, no hubo ningún control y todo se desorbitó.No es comprensible que los objetivos se multipliquen por 10. Llegó la crisis y tocó apretarse el cinturón. Se vio entonces que había tantas instalaciones que los costes de las primas serían inasumibles. Fue una decisión dura, que ha hecho mucho daño a la imagen de España en el exterior, pero que desde el punto de vista de una sostenibilidad económica, era necesaria”.
”Es una situación muy compleja porque afecta a muchas familias, que en algunos casos pecaron de imprudentes, porque no se deben poner todos los huevos en la misma cesta. Pero esa no es la cuestión. Son los sacrificados por un equilibrio económico. Como los fondos y las empresas, ahora están en los tribunales y habrá que esperar. Quizás el Gobierno podría buscar una fórmula intermedia para compensarles, aunque no creo que estén en esta idea en este momento, en el que el déficit de tarifa, y antes el déficit público, son lo primero”, abunda el exconsejero del regulador.
Vía Javier Mesones / www.invertia.com
Invirtió todos sus ahorros y los de sus padres atraído por las generosas primas que la legislación española estableció en 2007 para las tecnologías renovables. Las proyecciones que hacían la mayoría de los fotovoltaicos apuntaban a unos retornos del 13-14%, muy por encima de lo que ofrecían los bonos de deuda española, los depósitos bancarios o los parqués europeos, y con unos plazos de amortización de entre 10 y 15 años (su vida útil se sitúa en unos 30 años).
Sin embargo, apenas tres años después de aprobar las ayudas, el Gobierno socialista asestó un duro hachazo al sector fotovoltaico. La crisis económica apretaba. El Real Decreto 1565/2010 obligó a realizar unas adaptaciones técnicas con un impacto de unos 120 millones y, además, se limitó la remuneración a 25 años. Mientras, el RD 14/2010 rebajó la limitación horaria en la que los paneles fotovoltaicos podían producir con prima. Ambas normas se aplicaron con retroactividad. En la práctica, esto supone una merma de hasta el 30% de los ingresos previstos en 2011, 2012 y 2013, y del 10% a partir de 2014.
En 2007 comenzó a desinflarse la burbuja inmobiliaria, pero al mismo tiempo, salvando las distancias, se hinchaba la fotovoltaica. Al calor de las primas prometidas, se construyeron más de 55.000 instalaciones en tres años. Todas las previsiones se desbordaron y nadie lo evitó. El objetivo de capacidad instalada fotovoltaica era de 370 MW hasta 2010. Aquel año, había más de 3.700 MW, es decir, diez veces más (hoy hay cerca de 4.500 MW, que han recibido alrededor de 12.000 millones en primas). Un crecimiento sustentado en tres patas casi a partes iguales: empresas (con el 40% de la potencia instalada), como T-Solar, Fotovatio o Acciona , fondos de inversión (alrededor del 30%) y particulares (30%).
Los rendimientos eran muy altos, pero también los costes asociados a la construcción de los huertos solares. En 2008, en pleno boom fotovoltaico, “1 MW (megavatio) de potencia instalada se vendía a entre 6 y 8 millones de euros”, explica un experto del sector. Hoy este precio se ha rebajado hasta “un millón de euros”. Las inversiones en el sector fotovoltaico ascienden a 28.000 millones y, de esta cantidad, aproximadamente dos terceras partes, más de 18.000 millones, están en manos de la banca.
RENTABILIDAD DEL 6%
Con los tijeretazos de 2010, a los que en los últimos meses se han sumado el establecimiento de un nuevo impuesto del 7% de la facturación (Ley 15/2012) y la no actualización de las tarifas conforme al IPC (RD-L 2/2013), la tasa de retorno de la inversión se sitúa, en el mejor de los casos, en el entorno del 6%, ligeramente por encima del bono español a 30 años (4,92%).
Las medidas aprobadas por el anterior Gobierno y por el actual “han derruido al sector fotovoltaico en España”. “Si en su punto álgido, el año 2008, llegó a emplear a tiempo completo a unas 60.000 personas, en la actualidad difícilmente alcanza las 7.000, y más de la mitad de las empresas que operaban entonces lo han abandonado o han cerrado”, señalan desde la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).
Las reglas del juego cambiaron casi al comienzo del partido. Miles de inversores recurrieron a los bancos y ahora muchos de ellos no pueden hacer frente a los préstamos. Cada vez será más habitual encontrar huertos solares en los balances de las entidades financieras. El riesgo acecha a miles de familias, que pueden perder todos sus ahorros invertidos en la fotovoltaica e, incluso, sus casas, como le sucede al protagonista de la campaña de Anpier.
Y la situación podría empeorar, porque sobre la mesa del Ministerio de Industria está un nuevo recorte de las primas a las renovables, que “supondría, por leve que éste fuera, el colapso financiero inmediato del 80% del negocio fotovoltaico español, aquel que ha requerido de financiación bancaria y que no podría reintegrar”, advierte Anpier. De esta nueva reforma el sector espera con expectación la legislación sobre autoconsumo y balance neto, que podría ser la vía para el desarrollo de la tecnología.
LUCHA CONTRA EL DÉFICIT DE TARIFA
Esta asociación alerta de que el sistema financiero “no estaría provisionando el capital suficiente para asumir las consecuencias de la previsible quiebra del sector que no puede hacer frente a sus créditos y cuyos parques en manos de la banca carecerían de valor a los pocos días, puesto que sin seguridad y mantenimiento estos parques quedarían mermados de manera irreversible”.
Los recortes sobre el sector energético, renovable o tradicional, se apoyan en la lucha para eliminar el déficit de tarifa, que se produce porque los costes del sistema son más altos que los ingresos, y que ya supera los 26.000 millones. Todas las tecnologías han tenido que aportar de una forma u otra. Sin embargo, la patronal UNEF denuncia “la desproporción existente entre el esfuerzo exigido a la fotovoltaica para acabar con el déficit de tarifa”, ya que “si se mantiene la situación actual, entre 2010 y 2020 la fotovoltaica verá mermada su retribución en más de 9.500 millones de euros, aproximadamente un 30% de los ingresos totales del sector durante este periodo”.
Fuente: UNEF
Los afectados por las medidas del Gobierno sobre la fotovoltaica se sienten estafados. Una percepción que se expande entre el resto de sectores renovables y las eléctricas. Recientemente, el consejero delegado de Abengoa, Manuel Sánchez Ortega, acusó al Ejecutivo de haber “expropiado” con sus decisiones alrededor de 5.000 millones al sector solar, en el que la empresa andaluza es líder en España.
Hay quien quiere encontrar en el sector fotovoltaico semejanzas con lo ocurrido en otros casos que han llenado las primeras páginas de los periódicos, aunque con matices. Porque, como explica un experto, “la burbuja inmobiliaria pinchó porque el mercado así lo decidió, los tenedores de participaciones preferentes fueron en muchos casos engañados por las entidades financieras, de capital privado, pero a los inversores fotovoltaicos el golpe se lo ha dado el propio Estado”.
¿CULPABLES?
¿Quién es el culpable de esta situación? Un exconsejero de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que pide no ser identificado da su opinión: “La apuesta del Gobierno de Zapatero por las renovables era buena, porque el mundo va hacia estas tecnologías. El problema fue que, como con tantas cosas, no hubo ningún control y todo se desorbitó.No es comprensible que los objetivos se multipliquen por 10. Llegó la crisis y tocó apretarse el cinturón. Se vio entonces que había tantas instalaciones que los costes de las primas serían inasumibles. Fue una decisión dura, que ha hecho mucho daño a la imagen de España en el exterior, pero que desde el punto de vista de una sostenibilidad económica, era necesaria”.
”Es una situación muy compleja porque afecta a muchas familias, que en algunos casos pecaron de imprudentes, porque no se deben poner todos los huevos en la misma cesta. Pero esa no es la cuestión. Son los sacrificados por un equilibrio económico. Como los fondos y las empresas, ahora están en los tribunales y habrá que esperar. Quizás el Gobierno podría buscar una fórmula intermedia para compensarles, aunque no creo que estén en esta idea en este momento, en el que el déficit de tarifa, y antes el déficit público, son lo primero”, abunda el exconsejero del regulador.
Vía Javier Mesones / www.invertia.com
viernes, 14 de junio de 2013
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En la sesión de control al Ejecutivo del pasado miércoles 12 de Junio de 2013 en el Pleno del
Congreso, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha
anunciado que el Gobierno cobrará un peaje por el uso de la red de distribución
eléctrica a los ciudadanos o empresas que opten por el sistema de autoconsumo
con balance neto, cuya regulación se presentará "próximamente" al Consejo de
Ministros.
Sin embargo, para poder acogerse a esta opción es necesario aún desarrollar el reglamento de este sistema, cosa que se hará "próximamente" y en el marco de las "novedades normativas" en materia energética en las que está trabajando Industria, tal y como ha explicado Soria durante la sesión de control al Gobierno . "Creemos que es una buena fórmula. El único problema, y no es una cuestión menor, es que cuando se usa la red alguien tiene que pagarla. Cuando alguien produce electricidad en su casa o empresa y vierte a la red para luego recuperarla, lógicamente está utilizando una parte de una infraestructura que tiene que financiarse y amortizarse. Ésa es la razón por la cual, en esa modificación normativa que estamos planteando y que irá próximamente al Consejo de Ministros, habrá también una solución para que quien libremente se acoja al consumo de balance neto lo haga, pero considerando que tiene que pagar por la utilización de esa parte de la red" ha insistido. De no tomar medidas en este sentido, argumenta Soria, el problema principal que trata de atajar el Ejecutivo --el déficit tarifario-- "no sólo no se solucionaría sino que se incrementaría". En cualquier caso, el ministro ha reiterado que este sistema de autoconsumo es "una buena fórmula" que se incorporará al sistema pero, "lógicamente, estableciendo precios y peajes para quienes utilicen la red". El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, fue quien preguntó al titular de Industria sobre este asunto, tras dos años de espera para que se dé cumplimiento a la obligación de desarrollar la reglamentación del autoconsumo. Así, Azpiazu recordó que en 2011 se aprobó "la obligación" de regular el suministro de energía eléctrica producida en la red de un consumidor para su autoconsumo y que el Ministerio "remitió el borrador del real decreto a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) estableciendo las condiciones administrativas, técnicas y económicas" para su aplicación. En marzo del año pasado, la CNE publicó un informe en el que, "con carácter general, se valora positivamente el planteamiento" de un sistema cuyos beneficios "se distribuyen entre el sistema, la sociedad y los consumidores" además de promover el uso de energías renovables con sus consecuentes efectos positivos, por ejemplo, sobre el medio ambiente. "Sin embargo, el Ministerio no ha dado trámite a su aprobación definitiva. En esta situación hay un vacío legal sobre los intercambios en la red o la generación distribuida con balance neto. No pretendemos incriminarle a usted ni poner en un brete al Gobierno. Sólo queremos saber cuándo tiene previsto el Gobierno aprobar definitivamente la regulación del suministro de balance neto", zanjó Azpiazu. El sistema de autoconsumo con balance neto permitirá a todos los que cuenten con instalaciones de producción eléctrica basadas en fuentes renovables o cogeneración verter a la red los excedentes de producción que no necesite, y recuperarla cuando le haga falta. Fuente: www.eseficiencia.es |
jueves, 13 de junio de 2013
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La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y las principales asociaciones
empresariales del sector de las energías renovables en España han elevado al
Parlamento Europeo una petición para que requiera a España a revisar su
normativa en el sector eléctrico.
El objetivo de la denuncia es que se eliminen los supuestos de discriminación, se garantice la seguridad jurídica de las inversiones y se permita el desarrollo futuro de las energías renovables, ya que la legislación adoptada por el Gobierno español en los últimos años constituye una flagrante infracción de las Directivas 2009/28/CE, 2009/72/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, respectivamente, así como del principio de confianza legítima de la Unión Europea. En la petición que han presentado al Parlamento Europeo denuncian las condiciones en las que se encuentra el sector de las energías renovables en España y recuerdan las decenas de miles de afectados por los recortes a dichas energías y las enormes pérdidas de empleo que se han provocado. Legislación antirrenovable “Están poniendo en riesgo un sector estratégico en Europa vital para reducir la dependencia energética y lograr los objetivos medioambientales de la Unión Europea”. Un mal ejemplo, como recoge la petición al Parlamento europeo, “que podría ser seguido por otros Estados, poniéndose en riesgo el cumplimiento de los objetivos de la Directiva de renovables”. Los firmantes de la petición están convencidos de que el objetivo de reducir la deuda eléctrica (conocida como déficit de tarifa) se puede lograr mediante ajustes en el sector eléctrico que no sean discriminatorios, y así se lo han transmitido al Parlamento Europeo. Asimismo, han insistido en denunciar que las medidas adoptadas por España en los últimos años hacen imposible el desarrollo de las energías renovables, un sector que ha tenido que hacer frente a sucesivas legislaciones y cambios en las reglas del juego del mercado: retroactividad, recorte de horas de producción, nuevos impuestos, moratoria, no actualización de las primas mediante el IPC o abolición de la modalidad de mercado más prima. En peligro los objetivos europeos Para los firmantes, esta legislación constituye una evidente violación de las Directivas 2009/28/CE, 2009/72/CE y de los principios de seguridad jurídica de la Unión Europea. En cuanto a la primera directiva, indican que hace prácticamente imposible conseguir los objetivos del 20 por ciento de cuota de energías renovables en el mix energético español en el 2020. Asimismo, señalan que los RDL 14/2010 y la Ley 15/2012 son claramente contrarios a la Directiva por discriminar entre diferentes tecnologías y dar el mismo trato a tecnologías ya maduras que a otras tecnologías más recientes que necesitaban incentivos y cuyos productores se encuentran ahora con una rentabilidad nula o incluso negativa. En cuanto a la directiva 2009/72/CE, exponen que “todos los recortes indiscriminados a las renovables que se han aprobado en los últimos años han favorecido a las empresas que operan en régimen ordinario”, en un trato diferenciado de “discriminación en cuanto a derechos y obligaciones” entre empresas eléctricas prohibido por la legislación europea. Recuerdan, asimismo, que los recortes han sido retroactivos y vulneran por lo tanto el principio de confianza legítima establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. “Por desgracia, y teniendo en cuenta los precedentes, cualquier cambio legislativo en la línea de los mencionados por parte del Gobierno, podría acabar definitivamente con el sector de las energías renovables, sin que ello solucionase los problemas del sector eléctrico español”, aseveran en la petición elevada a la institución europea. Finalmente, reafirman su convencimiento de que los recortes a las energías renovables no son la mejor solución para atajar el déficit de tarifa. Por el contrario, “una vez conocidos los costes reales de las actividades como la distribución o el transporte y los windfall profits de nucleares e hidráulicas —señalan— sería necesaria una reforma en profundidad del sector eléctrico español evitando las ganancias inmerecidas en determinadas actividades”. La petición al Parlamento europeo ha sido firmada por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético —colectivo ciudadano integrado por personas físicas y más de cien organizaciones ambientales, sociales, empresariales, sindicatos y partidos políticos— y las principales asociaciones empresariales del sector de las energías renovables en España, como son: Acluxega, Aebig, Aeversu, Agaen, Anpier, Appa, Aprean, Apuee, Aremur, Aserma, Asit, Avaesen, Eoliccat, Protermosolar, Solartys y Unef. | ||||
Enlaces externos: www.appa.es www.eseficiencia.es |
Soria anuncia la aprobación del balance neto en el próximo Consejo de Ministros.....
Ayer día 12 de Junio el Ministro de Industria, José Manuel Soria anunció que la norma del
balance
neto será remitida al próximo Consejo de Ministros junto a otras
propuestas de reforma del mercado eléctrico, como respuesta a una pregunta de un
parlamentario del PNV en la sesión plenaria del Congreso.
Podéis ver la respuesta en el video
streaming del Congreso, en el minuto 1:24 del mismo:
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